Resumen: ERTE por fuerza mayor. Se Impugna la Resolución administrativa que lo deniega. La pretensión articulada en la demanda consiste en que se anule el acto administrativo impugnado y que se le indemnice en los daños y perjuicios que dicho acto le ha causado cuantificados en 41.19524 euros. La AN se declara incompetente respecto a la indemnización por daños y perjuicios solicitada por corresponder a la jurisdicción contencioso administrativa. En relación a la Resolución impugnada, desestima la demanda , porque las actividades empresariales ( prestación en nombre de Correos de servicios de recogida, franqueo y preclasificación de envíos postales y servicios de colaboración en la optimización de procesos logísticos, facturación y cobro), no estaban impedidas en su realización por la normativa sin que la parte demandante acredite la concurrencia de ninguna otra circunstancias de las referidas en el citado art. 22 que hubiera podido afectar directamente a su actividad productiva, máxime cuando es de común conocimiento que durante el confinamiento las actividades de cartería, mensajería y entrega de paquetes a domicilio, se incrementaron notablemente. El Voto particular Considera que el pronunciamiento adicional solicitado solamente puede ser debatido ante la jurisdicción que deba conocer de la obligación principal con la consecuencia que depara el artículo 2.n de la LRJS en relación con el artículo 151 de la citada Ley rituaría.
